Buen gobierno corporativo

El buen gobierno corporativo - febrero 2004

CODIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Cuando Michael Porter, profesor de Harward y uno de los grandes gurús en estrategia empresarial, hace unas décadas empezó a proclamar que la ética en la empresa es un activo tan importante como el conocimiento o la capacidad de gestión, fueron muy pocos los que percibieron su alcance.

Hoy la ética está cada vez más presente en el mundo de las empresas, hasta el punto que en la última edición de la encuesta anual que elabora The Wall Street Journal para obtener el ranking de las mejores escuelas de negocios, se ha sustituido por primera vez un atributo de valoración, eliminando el concepto “capacidad para producir resultados” e introduciendo “capacidad de promover la ética e integridad personal de los alumnos”.

Sin embargo, la cultura especulativa que generó la “nueva economía”, las consecuencias de la globalización y los recientes escándalos financieros a los que estamos asistiendo, están generando una desconfianza de los ciudadanos en las empresas, hoy cuestionadas y no reconocidas.

Con el fin de recuperar la credibilidad en el mundo empresarial y tratando de impulsar la consolidación de la ética en los negocios, se ha comenzado a imponer eso que ha convenido en llamarse el buen gobierno corporativo, entendido como el conjunto de valores y buenas prácticas de los órganos de administración y gestión de una entidad. Esta nueva concepción parte de considerar que la reputación de la organización debe basarse en la gestión equilibrada de los diferentes grupos de interés, que afectan o se ven afectados por la empresa: accionistas, empleados, clientes, proveedores, entidades financieras, analistas, administraciones públicas, así como el entorno y la comunidad en general. Es decir, estamos en el último peldaño del management empresarial que comenzó buscando la eficiencia (alcanzar objetivos al menor coste posible, con clara orientación hacia la producción), pasando por la calidad (enfoque hacia el cliente) y acabando en la excelencia (como cambio cultural de la empresa relacionado con la mejora continua, la satisfacción del cliente, externo e interno, y la colaboración dentro y fuera de la organización).

Con el fin de sistematizar estos conceptos, se inició hace algunos años un proceso de codificación de los criterios de gobierno corporativo, a través de los llamados códigos de buen gobierno. En ellos se incluyen recomendaciones concretas y de adopción voluntaria respecto a la transparencia en la información, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y relaciones con los diferentes grupos de interés.

Desde Cadbury (1992), considerado padre de los códigos de buen gobierno, han sido numerosos los diferentes pronunciamientos en esta materia dentro y fuera de Europa: Greenbury (1995), Hampel (1998), Vienot (1999), OCDE (1999), Winter (2002), Higgs (2003). En España, los informes más relevantes han sido los de Olivencia (1998) y Aldama (2003). En este momento, en la Unión Europea existen más de 40 códigos promulgados, todos ellos con la característica de no ser vinculantes y estar basados en la teoría de “cumplir o explicar”, que incluye tres premisas: voluntariedad y unilateralidad, absoluta transparencia en cuanto a su contenido y compromiso de revelar anualmente el grado de cumplimiento y las causas de los incumplimientos. Este enfoque choca con el planteamiento de recetario obligatorio que ha impuesto la Ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos.

En España, se han transformado algunos instrumentos de carácter voluntario en legislación de obligado cumplimiento para entidades cotizadas, a través de la Ley de Transparencia (Ley 26/2003) y la Orden Ministerial (26/12/03) que la desarrolla, cuya tutela se ha encomendado a los órganos reguladores. Esta normativa, inspirada en el informe de Aldama, recoge un concepto ético y teológico del gobierno corporativo: no debe buscarse como objetivo único el plasmar formalmente los compromisos a adquirir, sino que se debe ir al fondo de las metas perseguidas: transparencia en la información (publicación con carácter anual de un informe que recoja las prácticas de gobierno y los procesos de toma de decisiones, así como la puesta a disposición de una web corporativa, donde se difunda información relevante para los accionistas), protección de intereses de grupos relacionados con la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y equilibrio interno de poderes en la organización.

Además de la codificación, para alcanzar la credibilidad necesaria resulta imprescindible la verificación externa del sistema de gobierno corporativo implantado. El buen gobierno está estrechamente relacionado con la idea de gestión continuada de la empresa y, por lo tanto, con el aseguramiento de la pervivencia en el tiempo de la entidad, conceptos en relación directa con la mejora continua de una organización. Por ello, la verificación debe hacer especial hincapié en la revisión de los procesos de gestión y control de riesgos (assurance). Por otra parte, se están empezando a publicar los llamados informes de responsabilidad social corporativa o informes de sostenibilidad, donde se incluyen aspectos sociales, medio ambientales y financieros de las compañías, siendo los modelos que han alcanzado mayor notoriedad la guía del Global Reporting Iniciative (septiembre 2002) y el Standard de aseguramiento AA1000. Estos informes, que pueden dar una adecuada medida sobre el gobierno de la empresa, obviamente deben someterse también a verificación externa.

El último eslabón del proceso lo constituye la certificación de los sistemas de control interno de la empresa. En relación a la responsabilidad corporativa, estas certificaciones persiguen formalizar y garantizar las prácticas empresariales frente a los diferentes grupos de interés involucrados.

Hasta la fecha, están absolutamente consolidadas las certificaciones de calidad, relacionadas con uno de estos grupos de interés: clientes o consumidores, y también cada vez adquieren mayor implantación otras que persiguen asegurar aspectos concretos de la gestión: medio ambiente, seguridad, salud, etc. En este momento, se están desarrollando iniciativas para certificar el sistema con un enfoque global y orientadas a la sostenibilidad y a las relaciones de la empresa con todos sus grupos de interés. En este sentido, lógicamente están siendo las grandes empresas y las que tienen mayor trascendencia pública (entidades cotizadas, de economía social, entidades no lucrativas, etc) las primeras en engancharse a este nuevo tren, pero, sin duda alguna, a medio plazo, el proceso se extenderá al resto de empresas y entidades.

El activo intangible que constituye la reputación empresarial, empieza a revelarse como generador de beneficios tangibles, y las organizaciones deben aprovechar la oportunidad de liderar este nuevo enfoque, que va a marcar la evolución del modelo económico de nuestra sociedad en el siglo XXI.

Mario Alonso

BIBLIOGRAFÍA

- AECA (2004). “Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa”. www.aeca.es

- ALONSO, M. (2003). “Ética, empresa y auditoría”. Avance nº 2, 3ª época. www.auren.es

- GLOBAL REPORTING INICIATIVE (2002). “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad”. www.globalreporting.org

- INSTITUTE OF SOCIAL AND ETHICAL ACCOUNTABILITY AA1000 assurance standard”. www.accountability.org.uk

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